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La licencia social, un factor clave para impulsar la transición ecológica con el apoyo del territorio

En el marco del proyecto **Gestión de la licencia social y la integración territorial de los proyectos de transición ecológica en Cataluña**, hemos conversado con Carles Salesa, de CADEVA, una empresa con una amplia experiencia en la gestión de infraestructuras ambientales y de servicios vinculados al sector de los residuos. Desde su trayectoria profesional, comparte una idea clara: la confianza del territorio no se improvisa, sino que se construye a través del diálogo, la transparencia y la cercanía.

La transición ecológica requiere nuevas infraestructuras capaces de dar respuesta a los retos ambientales actuales. Sin embargo, su desarrollo no depende únicamente de la tecnología o de su viabilidad técnica, sino también de la confianza que sean capaces de generar entre la ciudadanía. La denominada licencia social se ha consolidado como un elemento imprescindible para garantizar la implantación y la continuidad de los proyectos vinculados a la gestión de los residuos y a la economía circular.

En el marco del proyecto Gestión de la licencia social y la integración territorial de los proyectos de transición ecológica en Cataluña, hemos conversado con Carles Salesa, de CADEVA, una empresa con una amplia experiencia en la gestión de infraestructuras ambientales y de servicios vinculados al sector de los residuos. A partir de su trayectoria, comparte una idea clara: la confianza del territorio no surge de manera espontánea, sino que se construye a través del diálogo, la transparencia y la cercanía.

Para Salesa, la relación con la comunidad debe basarse en tres principios fundamentales: escuchar, informar y responder. Más allá del cumplimiento de los requisitos administrativos, considera imprescindible establecer canales de comunicación permanentes con los diferentes agentes del territorio, crear espacios de participación y facilitar una interlocución directa con la ciudadanía. También destaca el valor de las visitas guiadas, las jornadas de puertas abiertas y los programas de educación ambiental, que permiten dar a conocer el funcionamiento real de las instalaciones, desmontar prejuicios y acercar la gestión de los residuos a la sociedad.

Según explica, la participación ciudadana resulta especialmente útil cuando se inicia en las primeras fases de los proyectos. Es en ese momento cuando todavía existe margen para incorporar aportaciones y adaptar determinados aspectos del diseño o del funcionamiento de las infraestructuras. No obstante, insiste en que la licencia social no se consigue únicamente antes de construir una planta, sino que debe seguir trabajándose durante toda su vida útil, manteniendo una comunicación continua y dando respuesta a las inquietudes que puedan surgir.

En este sentido, Salesa define la licencia social como la confianza que la comunidad deposita en una infraestructura y en la organización que la gestiona. Una confianza que requiere mucho tiempo y esfuerzo para construirse, pero que puede perderse rápidamente si no existen transparencia, rigor técnico y capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Precisamente, estos son algunos de los pilares que considera indispensables para generar aceptación social. Explicar desde el primer momento por qué es necesaria una infraestructura, qué función desempeña, qué beneficios aporta y qué medidas se aplican para prevenir o minimizar sus impactos contribuye a generar un clima de confianza. Sin embargo, esta información debe ir siempre acompañada de datos objetivos, estudios independientes y sistemas de control que permitan demostrar de forma continuada el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Uno de los ejemplos más claros es la gestión de los olores, uno de los aspectos que habitualmente genera mayor preocupación entre la ciudadanía. Según Salesa, la mejor estrategia consiste en incorporar desde el diseño inicial todas las medidas necesarias para evitar su emisión y complementarlas con sistemas de monitorización y protocolos de actuación que permitan reaccionar con rapidez ante cualquier incidencia. A menudo, señala, la confianza depende tanto de la capacidad de respuesta como de la propia existencia del problema.

Esta forma de entender la gestión de las infraestructuras implica también asumir que su dimensión social es tan importante como la tecnológica. Por ello, defiende que la comunicación, la participación ciudadana y la educación ambiental no pueden ser actuaciones puntuales, sino líneas de trabajo permanentes que requieren recursos, planificación y compromiso. Gestionar una infraestructura ambiental es también gestionar la relación con el territorio.

Para evaluar si este trabajo da resultados, Salesa apuesta por analizar un conjunto de indicadores que permitan medir la evolución de la confianza. La evolución de las consultas y las quejas, la participación en visitas y jornadas, las encuestas de satisfacción, la relación con las asociaciones vecinales, el tratamiento mediático o la percepción de los diferentes agentes del territorio son algunos de los elementos que ayudan a valorar si las actuaciones impulsadas contribuyen realmente a mejorar la aceptación social.

De cara al futuro, Salesa considera que la transición ecológica solo será posible si las nuevas infraestructuras cuentan con el apoyo de la ciudadanía. En este contexto, subraya la necesidad de seguir combatiendo la desinformación con evidencias científicas, reforzar los espacios de diálogo y fomentar una ciudadanía informada e implicada en el modelo de gestión de los residuos.

Su experiencia pone de manifiesto que la licencia social no es un objetivo que se alcance una única vez, sino un proceso continuo que exige escucha activa, transparencia y una relación de confianza construida día a día entre las infraestructuras ambientales y el territorio.

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